Buenos Aires, 4 jul (Sputnik).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su preocupación por el empleo abusivo de elementos represivos por parte de Fuerzas federales de Seguridad durante una manifestación el 12 de junio frente al Congreso contra la aprobación de una ley clave para el Gobierno para desregular la economía.
«El uso desproporcionado de armas menos letales, como irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma y camiones hidrantes por parte de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional durante las manifestaciones», fue constatado por informaciones recibidas por la Cidh y por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele), advirtieron en un comunicado.
Los dos organismos refirieron que hubo durante la marcha agentes policiales sin uniforme y que miembros de la Prefectura Naval llevaban armas de fuego.
«A ello se suman reportes de varios periodistas y trabajadores de la prensa que resultaron heridos debido al uso presuntamente abusivo de gas pimienta y balas de goma por agentes de la fuerza pública», observó la CIDH y la Rele.
En el marco de una protesta convocada por organizaciones sindicales, universidades y organismos de derechos humanos, la CIDH consideró «de especial preocupación las declaraciones estigmatizantes y criminalizantes contra manifestantes realizadas por el Gobierno».
33 detenidos
Durante las protestas contra la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y del paquete fiscal que la acompañaba, y que fueron sancionados por la Cámara de Diputados el 26 de junio, hubo hechos de violencia provocados por particulares y agresiones contra manifestantes y periodistas.
Las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 33 personas acusadas de delitos contra el orden público y constitucional, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, pero en cuestión de días fueron liberadas 28 por falta de mérito.
Las otras cinco fueron procesadas con prisión preventiva por una jueza, María Servini, que cuestionó el accionar de la policía, advirtió que los sumarios estaban «muy mal instruidos» e «incompletos», y observó la «falta de entrenamiento» en las fuerzas de seguridad.
Como toda respuesta, el Gobierno señaló que respetó los procedimientos judiciales, con las garantías del derecho a la defensa y al debido proceso.
La actual gestión también salió en defensa del Grupo de Operaciones Antidisturbios de la Prefectura Naval Argentina, que » cuenta con los estándares de entrenamiento y actuación diseñados e implementados con fines de no causar respuestas desproporcionadas al accionar de manifestantes».
La CIDH dio cuenta del uso de bombas molotov y combustibles en las inmediaciones del Congreso por los que 20 miembros de la fuerza de seguridad resultaron heridos.
«De acuerdo con reportes públicos, algunos de los hechos violentos se atribuyen a personas presuntamente ajenas a la manifestación», observó la CIDH y la Rele.
Pese a que los medios de comunicación mostraron el incendio intencional de un automóvil del medio de comunicación Cadena 3, ninguna de las personas detenidas fue acusada de delitos vinculados con este hecho, de acuerdo a la Comisión de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación.
Entre tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, «instó al esclarecimiento del hecho y a la sanción de los responsables», puntualizaron las instituciones en su comunicado.
Ante estos hechos, la CIDH y la Rele recordaron que la protesta pacífica «es un elemento esencial en las sociedades democráticas» y que el Estado debe respetar y proteger la libertad de expresión y reunión pacífica.
Las armas de fuego deben estar excluidas en los operativos de seguridad ante protestas sociales, y en general, el uso de la fuerza pública «debe limitarse a circunstancias en las que se acredite la legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad de ésta», consideraron.
Ante situaciones de conflictividad social, el Estado argentino también debe garantizar información fidedigna y debe evitar la estigmatización, pues «las calificaciones genéricas de «terroristas» hacia los manifestantes y las acusaciones sobre supuestos planes de «golpe de estado» pueden tener un impacto negativo en el debate público y la resolución pacífica de los conflictos sociales.
«Además, pueden activar o exacerbar actos de discriminación, hostilidad, intolerancia o violencia», advirtieron.
En un cauce donde se reconozca el derecho a la protesta pacífica, «es deber del Estado individualizar a los actores violentos, diferenciándolos de aquellos que ejercen legítimamente su derecho a la protesta», añadieron.
A principios de febrero, la CIDH y la Relatoría manifestaron sus primeras inquietudes por la represión de las protestas convocadas contra la Ley Bases, y por entonces ya advirtieron del uso desproporcionado de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas. (Sputnik)
