Panamá, 3 jul (Xinhua) — La administración del Canal de Panamá reiteró hoy su voluntad de coordinar las acciones necesarias con el nuevo Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, para avanzar sobre la búsqueda de soluciones de largo plazo a la crisis hídrica que ha enfrentado el país y que ha reducido la disponibilidad de agua para su consumo y las operaciones de la vía interoceánica.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) expresó el interés mediante un breve pronunciamiento, en referencia a un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional una ley de 2006, con lo cual recobraba su vigencia una ley de agosto de 1999, sobre los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP).
La ACP indicó que la junta directiva del canal y su administración coordinarán con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, quien este pasado lunes comenzó su mandato de cinco años, las acciones necesarias para avanzar en la búsqueda de soluciones de largo plazo a la crisis hídrica.
Remarcó que, en cumplimiento con este fallo, corresponde ahora al Canal de Panamá ejercer su facultad constitucional sobre el área geográfica contenida en la referida ley de 1999, a fin de salvaguardar sus recursos hídricos. «Esto se hará en estrecha coordinación con las instituciones respectivas, conforme lo señala la Constitución Política de la República de Panamá», remarcó.
En un comunicado divulgado este miércoles, el Órgano Judicial explicó que el pleno de la CSJ juzgó que la ley de 2006 era inconstitucional, por unanimidad y con el voto razonado de dos magistrados, al no contar el legislador con ninguna propuesta previa del Canal de Panamá, a quien corresponde la administración, mantenimiento, uso y conservación de los recursos hídricos de la CHCP.
Jorge Luis Quijano, quien culminó en septiembre de 2019 el período de siete años como administrador del Canal de Panamá, había subrayado en diciembre pasado, en entrevista con Xinhua, la importancia de que esta vía interoceánica recuperara la cuenca occidental del país, inaccesible por la mencionada norma de 2006.
Según Quijano, el cambio era importante, pues en 2015 se identificó que el canal debía buscar otras fuentes alternativas de agua, dado que los dos embalses que lo abastecen suministran este recurso a casi el 60 por ciento de la población del país.
