Lima, 3 jul (Sputnik).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el martes una resolución por la que ordena al Estado peruano tomar medidas para dejar sin efecto y que no entre en vigencia un proyecto de ley existente en el Congreso que propone la prescripción para los delitos de lesa humanidad.
«Mediante Resolución de 1 de julio de 2024, la Corte IDH requirió al Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú», indicó el ente internacional a través de su cuenta en la red social X.
En el Congreso peruano existe un proyecto de ley, impulsado por el legislador Fernando Rospigliosi de la bancada de Fuerza Popular (derecha, fujimorista), que propone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002.
El proyecto fue aprobado por el pleno del parlamento en junio, quedando pendiente una segunda votación a favor para que entre en vigencia.
La resolución de la Corte IDH considera que este proyecto de ley afectaría el derecho de acceso a la justicia para los deudos de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ambos considerados como crímenes de lesa humanidad.
El caso Matanza de La Cantuta se refiere al asesinato de 10 civiles (un profesor y 9 universitarios) ocurrido en 1992, mientras que el de Barrios Altos fue el asesinato de 15 civiles en 1991, ambos cometidos por el Grupo Colina, un comando paramilitar bajo órdenes del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Por otro lado, la Corte IDH en su resolución ordena al Estado peruano que presente «a más tardar el 9 de agosto de 2024 un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el punto resolutivo primero de la resolución (dejar sin efecto el proyecto de ley y que no entre en vigencia)».
Luego de presentado el informe, el Estado peruano deberá seguir informando a la Corte IDH sobre las medidas provisionales tomadas para cumplir con la resolución «hasta que la Corte resuelva su levantamiento».
El proyecto de ley ha motivado la protesta de sectores políticos y ciudadanos en Perú, los cuales consideran que es un intento potencial por dar impunidad y amnistía a quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad durante la etapa del conflicto armado interno.
El conflicto armado interno es como se denomina al periodo entre 1980 y 2000 en el cual las fuerzas del orden del Estado se enfrentaron contra los movimientos terroristas de extrema izquierda Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Durante esta etapa se cometieron diversos crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población civil por parte de las organizaciones terroristas, así como por parte de las fuerzas del Estado. (Sputnik)
