Quito, 29 jun (Sputnik).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó este sábado a una movilización el próximo 2 de julio para acompañar la presentación de un proyecto de ley de consulta previa, libre e informada a las comunidades en caso de concesión de proyectos extractivistas por parte del Estado.
«Convocamos al plantón y movilización hacia la Asamblea Nacional (Parlamento)», informó la Conaie en la red social X.
La iniciativa se denomina Ley Orgánica de Consulta a los Pueblos de Nacionalidades Indígenas, Afrodescendientes y Montubios y ha sido concebida como una herramienta de protección de los derechos colectivos que ayudaría a prevenir conflictos sociales y ambientales.
Este proyecto contempla que la consulta a las comunidades se realice de forma previa por parte del Estado, es decir antes de la adjudicación de contratos de explotación de los recursos naturales. Además, establece que se garantice un ambiente de participación libre y segura para los habitantes y que estos reciban toda la información necesaria para tomar una decisión.
La Conaie llamó a participar en este plantón a los integrantes de su estructura organizativa, como son la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice).
Según la Conaie, el derecho a la consulta previa es fundamental para garantizar la participación de las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y para proteger sus formas de vida ancestrales y su cultura.
Este año se registraron enfrentamientos entre la fuerza pública y miembros de comunidades del norte del país que se oponen a la llamada «consulta ambiental» impuesta por el gobierno previo al inicio de los proyectos.
El conflicto se ha disipado temporalmente con una medidas cautelares interpuestas por el gobierno de Sigchos, cantón de la provincia de Cotopaxi (norte), que suspendió dicha votación con la cual el gobierno busca luz verde para la concesión minera a una empresa canadiense en esa localidad.
En marzo de este año, la Conaie presentó una demanda de inconstitucionalidad contra un acuerdo del Ministerio de Energía y Minas contentivo del «Manual para la operativización de la consulta previa libre e informada», al considerar que no cumplía con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Corte Constitucional ecuatoriana.
La organización indígena indicó que la regulación de un derecho constitucional como la consulta previa debe realizarse a través de una ley orgánica y no mediante un acuerdo ministerial, además de que el documento presentado no cumplía con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Constitucional.
El Parlamento ecuatoriano presentó en mayo pasado un proyecto similar de 42 artículos y tres disposiciones transitorias, luego que la Corte Constitucional dispusiera dar paso a una legislación sobre el tema, pero la organización indígena ha desestimado este documento al señalar que no ha sido concebido a conciencia. (Sputnik)
