El Movimiento Ríos Vivos, somos un movimiento integrado por personas habitantes de diversas comunidades rurales y campesinas de la zona sur del país, quienes por más de diez años hemos defendido los ríos y el agua como bienes comunes e imprescindibles para el desarrollo de la vida. Así también, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), somos una federación de organizaciones ecologistas de todo el país, con más de 35 años trabajando por la defensa ambiental y la justicia social. Hoy nos pronunciamos con profunda indignación y total rechazo ante el Proyecto de Ley 23.414 “Armonización del Sector Eléctrico”, por las siguientes razones:
- Este proyecto propone un peligroso traspaso de funciones entre entidades, así como una gran concentración del poder, al querer trasladar la rectoría del sector eléctrico, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El MINAE no cuenta con la experiencia ni las capacidades para desempeñar un papel de supervisión, planificación y administración del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con la eficiencia y efectividad que el ICE tiene actualmente y tendría mucha dificultad para adquirirlas, en un contexto de aplicación de la regla fiscal y en donde se han venido haciendo recortes a los diferentes ministerios y proyectos sociales, en los presupuestos nacionales de los últimos años. Además, este traslado podría exponer la gestión del sistema eléctrico a decisiones basadas en consideraciones políticas, en lugar de criterios técnicos o científicos. Asimismo, podría crear conflictos de interés entre los objetivos ambientales y energéticos del país.
- Este proyecto busca favorecer la participación del sector privado en el Sistema Eléctrico Nacional, al eliminar los topes máximos de capacidad de generación de los proyectos eléctricos privados, al permitir la generación y venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Nacional (MEN) y al permitir la exportación y venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Regional (MER), sin restricciones, por parte de empresas privadas y cooperativas. Así también, promueve la participación de empresas de capital extranjero, en el Sistema Eléctrico Nacional.
- El enfoque de este proyecto está basado en una lógica mercantilista, desde la cual nuestros ríos se visualizan como fuentes de energía para la hidroelectricidad. Sin embargo, tal y como lo hemos demostrado años atrás, los proyectos hidroeléctricos provocan crueles afectaciones ecosociales, como la destrucción de hábitats naturales, el desabastecimiento de agua para la población, la disminución del agua para usos agrícolas, el acaparamiento de los servicios ecosistémicos que generan los ríos por parte de grupos económicamente poderosos, entre otros. Así también, generan heridas a nuestra cultura y formas de recreación, como también disputas sociales y divisiones familiares. Este proyecto, lejos de “armonizar”, aumentaría la conflictividad social y ambiental a lo interno de nuestras comunidades y promovería la apropiación de recursos demaniales por parte de algunos sectores económicos, erosionando recursos patrimoniales que les pertenecen a todas y todos los costarricenses.
- Tomando como ejemplo el caso del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, en Pérez Zeledón, en ese caso fue posible observar como la megaempresa constructora H. Solís (conocida por el caso de corrupción La Cochinilla), obtuvo los permisos y concesiones de la Municipalidad de Pérez Zeledón, la Dirección de Aguas, la ARESEP, la Setena, así como la firma de contrato con el ICE, necesarios para construir ese proyecto, de una forma totalmente irregular. Esto además fue señalado múltiples veces por nuestras organizaciones y las comunidades que iban a ser afectadas directamente por ese proyecto, pero las instituciones ignoraron por completo esos señalamientos, así como la voz y las necesidades de esas comunidades que serían gravemente afectadas por la hidroeléctrica en cuestión. Afortunadamente, el proyecto no obtuvo la Declaratoria de Conveniencia Nacional por parte del Ministro de Ambiente, pero resulta evidente lo peligroso de que se priorice el lucro de las empresas privadas, por sobre el bienestar de las comunidades y que se plantee un proyecto como el 23.414, que de aprobarse, vendría a promover eso.
- Este proyecto busca desmantelar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al buscar trasladar “…los activos, sistemas, bienes muebles e inmuebles y demás recursos con los que se opera el sistema y mercado del Instituto Costarricense de Electricidad…” a una nueva figura que nombran el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Así también, pretenden trasladar las funciones de supervisión, operación, planificación y administración del Sistema Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Nacional, que actualmente cumple el ICE, al ECOSEN. Debilitar al ICE sería un error, ya que esta institución ha sido un pilar vital para el desarrollo social y democrático de nuestro país, pues el acceso a energía eléctrica de forma continua y a precios solidarios, promueve la garantía de otros derechos humanos como la educación, la salud, el trabajo y la paz social, entre otros.
- No es cierto que una mayor participación privada en el sector eléctrico vendría a “garantizar el menor costo posible para los consumidores”, pues en Costa Rica ya gozamos del privilegio de contar con la electricidad más barata de la región. El informe de Global Petrol Prices de septiembre del 2022, coloca a Costa Rica como el país con el costo de producción eléctrica más bajo de Centroamérica (1). Esto se debe en gran parte a la eficiencia del ICE, quien genera el 65,5% de la electricidad nacional (2).
Con fundamento en lo anterior, reafirmamos nuestro rechazo total al Proyecto de Ley 23.414 e instamos a las comunidades, organizaciones socioambientales, integrantes de sindicatos y las personas costarricenses en general, a que tal y como lo hicimos en el 2000, defendamos al ICE y a un modelo de energía eléctrica donde, por encima de los intereses lucrativos y particulares, gane el respeto por la dignidad humana, la solidaridad, la accesibilidad y el bienestar común de todas las personas y de los ecosistemas.
#RíosParaLaVida #ElICEnosevende #ElICEsedefiende
Referencias:
- Dato tomado de la revista empresarial centroamericana Estrategia y Negocios: https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/que-paises-pagan-la-factura-de-energia-mas-alta-de-latinoamerica-FH13145000
- E. Rojas, Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 2021, Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022. (https://www.cepal.org/es/publicaciones/48602-estadisticas-subsector-electrico-paises-sistema-la-integracion-centroamericana)
(*) Movimiento Ríos Vivos – FECON.
La tal armonización del sector eléctrico, proyecto ley #23414, busca entregar a los intereses privados nacionales internos y externos, con el propósito también de debilitar al ICE. Este estratégico negocio es indagado por perjuros privatizadores, quienes buscan manejar a su particular antojo, lucrando luego a lo bestia, con los usuarios. Así va servir este proyecto, para canjear con los adormecidos diputados, otros servicios claves que operan el Estado a la fecha. Y hacen fila: Fanal-BCR-BICSA-CCSS-AA-JPSSJ-BPDC, BNCR, UCR., etc. Alertas costarricenses, que ciertos figurones andan rabiosos en desmantelar Costa Rica, poco a poco, a punta del soborno y la corrupción política habitual. Y si estas organizaciones ambientales quieren meter el bisturí, sigan a las trasnacionales agrícolas de alto calado, las cuales están literalmente desbastando miles hectáreas, mecanizando su siembra y producción en toda Costa Rica. Y con el agua, casi regaladas a empresas foráneas, tenemos más para escarbar. El reglón eléctrico podría desbancar al petróleo, más dañino y letal a nuestro ambiente.
El comentario pretende defender el agua y sus territorios pero al final disfraza una protección «histórica» al ICE. Lamentablemente somos una sociedad consumidora de energía y el primer paso es la concientización en el uso de este privilegio, no es un derecho. Ahora bien, si los megaproyectos que desarrolló el ICE en el pasado, por ejemplo el embalse Arenal, se tratará de construir en la actualidad sería imposible; así que dejemos de lado el ambientalismo sentimental y pasemos al ambientalismo racional donde las energías alternativas tienen un mayor peso en las soluciones que se plantean.
Mi opinion, El agua debe de ser para consumo y production de alimentos. Para la production de energia tenemos recursos mejores y amigables con el medio ambiente(ecosistema). Tambien en relacion con el MINAE es una institucion tolerante que por esa razon quizas induce a la corrupcion. En Guanacaste pozos ilegales funcionando como perros por su casa, en la direccion de agua(DA-minae). Por eso es de pensarlo.
Shalom