Buenos Aires, 27 jun (Sputnik).- La Cámara argentina de Diputados comenzará este jueves a las 12.00 hora local (15.00 GMT) el debate definitivo, con vistas a su sanción, de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y de un paquete fiscal con los que el Gobierno busca desregular la economía.
«Sesión especial: 12.00 horas. Proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», consigna la agenda parlamentaria a la que accedió la Agencia Sputnik.
La cámara baja retomará el proyecto que envió el Gobierno a finales de 2023 y fue aprobado por el Senado el 12 de junio, tras introducir varias modificaciones en la versión avalada por Diputados el 30 de abril.
La coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), dejó varias pretensiones por el camino para lograr la aprobación de la ley en el Senado, como la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina, y se prevé que estas modificaciones queden asentadas en el texto que se sancionará mañana.
De esta manera, solo podrán pasar a manos privadas Energía Argentina, que cubre toda la cadena de valor vinculada con la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de los hidrocarburos, e Intercargo, que brinda en las terminales aeroportuarias los servicios en tierra, rampas y puentes de acceso.
En simultáneo, podrán ser privatizadas de manera parcial o ser concesionadas Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa); Belgrano Cargas, que opera los servicios ferroviarios de tres líneas; Corredores Viales, que gestiona la infraestructura y el tránsito de las carreteras, autopistas y autovías concesionadas, y la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), que presta servicios ferroviarios con distintos ramales a su cargo.
Tras cinco meses de discusión parlamentaria, el oficialismo también resignó en el último momento la posibilidad de disolver organismos culturales, así como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
En paralelo, el Gobierno de Milei aceptó cambios en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros durante 30 años para atraer proyectos que superen los 200 millones de dólares.
En concreto, se acotó su alcance a los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología, y se estableció el requisito de contratar proveedores locales por una cantidad equivalente, al menos, al 20 por ciento de la inversión realizada.
En cuanto al paquete fiscal, denominado Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, el oficialismo sí tiene la expectativa de restituir el impuesto a las ganancias (salarios o ingresos), modificado en el último tramo del Gobierno anterior, y de incluir de nuevo una rebaja del impuesto sobre Bienes Personales (a la renta), como establecía el texto aprobado en Diputados.
Las fuerzas parlamentarias dialogantes con el oficialismo lograron, en tanto, evitar la rescisión de los contratos de obras públicas que estén avanzados en al menos un 80 por ciento, o que cuenten con inversión internacional para su ejecución.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, avaló en la víspera las modificaciones realizadas por el Senado al texto aprobado por la cámara baja.
Los bloques que facilitaron la aprobación del texto fueron el PRO, partido fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019); la Unión Cívica Radical (UCR), que integró con la primera fuerza la coalición Juntos por el Cambio con la que el exmandatario accedió a la presidencia en 2015, y los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
Estas agrupaciones aportaron 66 firmas, de un total de 115, para lograr que la norma sea debatida este jueves en el Senado, mientras que la principal alianza opositora, Unión por la Patria (peronista) y el Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT) expresaron su desacuerdo con la ley.
Ley clave
Dado que la cámara alta aprobó el 12 de junio las modificaciones por mayoría simple, que son la mitad más uno de los votos, Diputados puede insistir en la misma mayoría para sostener su versión del texto, pero no podrá introducir nuevos cambios.
Menos voluminoso que el proyecto de Ley Bases debatido en febrero, cuando fracasó su tratamiento al momento de votar cada capítulo, la norma actual incluye 232 artículos.
La iniciativa parlamentaria del presidente es un proyecto fundacional para la actual gestión por delegar facultades legislativas en el presidente, además de habilitar las privatizaciones de empresas públicas.
El texto también introduce numerosas reformas de calado de carácter regresivo, como una reforma laboral.
La ley declara la emergencia pública por el plazo de un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, sobre las que el presidente tendrá facultades legislativas.
Al estar en minoría parlamentaria, el Gobierno debe negociar con otras fuerzas de la oposición el tratamiento de esta normativa para sortear el rechazo del bloque peronista-kirchnerista, que es la primera fuerza en ambas cámaras del parlamento, con 105 diputados y 33 senadores.
La coalición gobernante tiene apenas 40 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y siete de los 72 asientos del Senado.
El Ejecutivo de Milei lleva adelante un importante plan de ajuste para lograr superávit fiscal y reducir la inflación, lo que ha llevado a una severa reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos en el contexto de una profunda recesión. (Sputnik)
