De cal y de arena
En los meses finales de la primera administración Arias Sánchez nació la Comisión Consultiva para la Reforma Integral del Estado Costarricense (COREC), con el fin principal de abordar los resultados de entidades y organismos creados en décadas anteriores para construir infraestructura y cumplir compromisos en línea con el desarrollo económico y social del país. En dos palabras, un importante y trascendental esfuerzo reformador del Estado costarricense.
Han pasado los años (décadas) y si algo se hace evidente de aquello es su esterilidad y su costo descomunal:322 instituciones hacen la estructura total del Estado; 77 órganos adscritos a una u otra dependencia se han creado a cuenta de imprimirle eficacia y democratización al “leviatán”; en medio, una repartición del territorio nacional en 7 provincias, 85 municipios y 489 distritos, con 8 consejos de distrito que actúan a su vera. Décadas atrás la Administración Pública empleaba al 6% de la población económicamente activa; años después pasó al 15%. Más aún, entre 2000 y 2015 se crearon 46 instituciones públicas.
De tal frondosidad el Programa Estado de la Nación extrae suficiente razón para preguntarse si se han logrado mejoras sustanciales en el desarrollo de las funciones y calidad de los servicios públicos o si más bien han empeorado.
Aquella razón de ser, aquella motivación para crear la COREC -se dijo en 1990- “sólo tendrá sentido en la medida en que se asuma como proyecto la construcción de una sociedad solidaria y eficiente, en la cual impere la justicia social”. Un esfuerzo -dijeron sus miembros al entregar en 1990 el expediente fruto de sus laboriosas jornadas- que debería encaminarse a profundizar la democracia y a hacer más eficiente al Estado.
La COREC identificó debilidades, insuficiencias y aberraciones que padecía -y sigue padeciendo, agrego yo- la estructura del Estado “cuya dimensión amerita un tratamiento excepcional”. Su meticuloso trabajo ha pasado a ser antecedente de otras iniciativas parlamentarias, ninguna de las cuales -penosamente y a pesar de los gritos de urgente abordaje- ha cristalizado en un esfuerzo regenerador que uno cree ver en la estructura y funcionamiento del aparato estatal. Por ahí, en uno de los expedientes de reciente generación parlamentaria, se reconoce que los impulsos para una reforma del Estado dan coletazos y manifiestan esterilidad. Bien vale repetir lo que la COREC dijo en 1990: “Se ha tenido clara conciencia de los problemas que han surgido con el paternalismo y el intervencionismo estatales exacerbados durante tantos años…. La operación asistémica del aparato del Estado: la complejidad de los escenarios actuales y futuros y la variedad de actores que participan en ellos en una democracia, muchos acostumbrados a una sobre protección que ha creado serias distorsiones, disfuncionalidades, omisiones y restricciones”.
No es que el descontento ciudadano sea resultante exclusiva de esa estructura del Estado estéril, onerosa y también facilitadora de la corrupción. Es que a la par de otros factores, éste juega un importante papel. En los anales del “Programa del Estado de la Nación” (y lo cito para traer a cuento un observador imparcial) se alude a esa fallida y desgastada estructura del Estado, como promotora lateral del desprestigio de la clases política, los partidos, las agrupaciones gremiales (cámaras y sindicatos).
En ese informe “matriz” de COREC se precisan tres grandes áreas del Proyecto de Reforma del Estado: a) las Reformas Políticas; b) las Reformas de la Administración Pública; y c) Las Reformas de las Áreas de Intervención Económica del Estado.
Hoy cabe preguntar a los poderes políticos del país -el Ejecutivo y el Legislativo- cuánto han aportado al esfuerzo reformista de Costa Rica por la vía de la modernización del aparato estatal. Si nos detenemos a juzgar por ese asfixiante cúmulo de instituciones de estéril legado, gobernantes y legisladores deberían entender por qué la clase política y los partidos (la “casta”, diría Javier Milei) están demeritados en el sentimiento ciudadano.
Treinta y pico de años desde aquel parto, la gestión de ocho presidentes…. y todavía el país espera resultados en materia de Reforma del Estado. Quién quita si de haber germinado la semilla que se sembró en 1990, la sociedad costarricense estaría disfrutando cambios trascendentales en la ruta de una democracia depurada y de un Estado eficiente. Es decir, sin ese espeso mundo de frustraciones que provocan tanta cabreazón.
¿No es tiempo ya de tomar en serio la modernización del Estado para abrir espacios a la promoción económica y social de amplios sectores, hoy marginados?.
(*) Lic. Álvaro Madrigal C. es abogado y periodista
