San José, 18 jun (EP/PL).- El economista y político costarricense Ottón Solís Fallas criticó «un dejo de improvisación” en el proyecto de referendo que gravita hoy sobre la sociedad costarricense tras proponerlo semanas atrás el presidente Rodrigo Chávez a la Asamblea Legislativa (Parlamento).
La consulta popular –argumentó el analista en un artículo en el diario La Nación- carece de “una partida presupuestaria para financiar su ejecución, lo cual preocupa por sí mismo”.
Solís Fallas coincidió con otros críticos del referendo respecto a que “también hay preocupación porque prácticamente todos los cambios detallados en su articulado buscan debilitar herramientas de control de la Contraloría General de la República”.
El también excandidato presidencial señaló, además, que el proyecto de consulta popular “restringe normas legales creadas con el fin de garantizar el buen uso de los recursos públicos”.
Diversos medios han asegurado que la idea sobre el referendo del presidente Chaves enfrenta «un engorroso procedimiento legal y estrictos y cortos plazos».
La propuesta del Ejecutivo sobre esa consulta popular, cuya esencia es reformar artículos constitucionales respecto a controles, fiscalización y potestades de la Contraloría General de la República, pasa por complejas vías para llevarla adelante.
El primero de esos caminos, plasmados en la Ley Sobre Regulación del Referendo y en el artículo 105 de la Constitución, es la votación del proyecto, que los diputados están impedidos de modificar, solo pueden votarlo, y cuyo beneplácito requiere de la mayoría absoluta del Congreso, al menos 29 votos.
Esa es la fórmula del Ejecutivo o “mancomunada”, pero también está la vía presentada por Chaves ante el Tribunal Supremo de Elecciones, la iniciativa ciudadana, que requiere las firmas de un cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, estimados en unos 181 mil.
El camino del Congreso es el más rápido, pero también el más complejo, porque la fracción oficial tiene pocos diputados y enfrenta fuertes cuestionamientos de la oposición sobre el proyecto, en especial respecto a los intereses del Ejecutivo y la dudosa constitucionalidad de las reformas solicitadas. La Asamblea Legislativa acordó el jueves de forma tentativa el 25 de junio como fecha para votar sobre la controvertida solicitud de referendo presentada por el Ejecutivo.
El punto principal entre los asociados a la votación mediante el referendo es la llamada «Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica», propuesta por el jefe de Estado, y motivo de discusiones entre los miembros de la Asamblea Legislativa sobre la ruta a seguir.
Los debates sobre la “Ley Jaguar” del ejecutivo llevan unas dos semanas en el escenario legislativo tico, signados por fuertes cuestionamientos de personalidades como la propia Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien el 5 de junio la emprendió contra el proyecto.
“La iniciativa del Poder Ejecutivo –expresó en un comunicado- desmantela las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General, suprime ámbitos de control y restringe sus funciones en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses».
El antónimo de improvisación es planificación, algo que estuvo carente en los 12 años de del PAC en la escena política costarricense, 4 años como oposición y 8 años como oficialismo. Aquí es donde uno cuestiona si la persona que hace el señalamiento tiene el criterio técnico y moral para hacerlo.
este gobierno de chismosos, que no ha hecho nada más que hablar paja en dos años, ahora quiere hacer y deshacer para poder privatizar a sus anchas, solo saben improvisar.