San José, 18 jun (EP/PL) La reforma constitucional propuesta por el Gobierno al Parlamento para permitir la extradición de costarricenses por delitos extremos no altera la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial, declaró hoy la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La aplicación del proyecto, en estudio por una comisión de la Asamblea Legislativa, debe acompañarse de ajustes en sus normas para darle coherencia en el ordenamiento jurídico y evitar futuras interpretaciones erróneas, añade un documento sobre recomendaciones de los magistrados de esa instancia acerca de la iniciativa.
El proyecto oficial, que legalizaría dicha extradición de nacionales por terrorismo y tráfico internacional de drogas, tampoco implicaría la creación de nuevos órganos judiciales ni un incremento significativo en la carga de trabajo, precisó la CSJ.
Gerardo Alfaro, magistrado de la Sala de Casación Penal a cargo de la revisión del proyecto, instó a los legisladores a modificar otras normas en la Ley de Extradición o el Código Penal, que actualmente impide la expulsión de delincuentes ticos.
El debate sobre el asunto –opinó el magistrado- “sigue siendo un tema polémico, con posiciones divididas tanto entre los juristas como entre los expertos constitucionalistas, lo cual anticipa una discusión intensa en el ámbito legislativo”.
Por su parte, Hubert Fernández Argüello, suplente de la Sala Constitucional, subrayó que “no es cualquier norma, forma parte de los derechos y garantías fundamentales que rigen en el país, se toca la parte dogmática de la Constitución”.
Otra opinión contrastante sobre el tema fue la del ministro de Seguridad Mario Zamora, quien solicitó este lunes al Parlamento ampliar la lista de delitos comprendidos en dicho proyecto en debate.
El titular dirigió su pedido en específico a los diputados de la comisión legislativa que analiza la iniciativa de extradición de costarricenses, limitada solo a figuras de narcotráfico o terrorismo.
La propuesta de Zamora es añadir a esos graves delitos los también dañinos a la sociedad como el tráfico de armas, personas y niños.
El proyecto legislativo, cuya comisión de estudio fue integrada el 29 de mayo por aprobación del Congreso, introduce cambios al artículo 32 de la Constitución Política para establecer la citada expulsión de nacionales.
La Asamblea Legislativa aprobó el 29 de mayo a los siete integrantes de esa comisión especial sobre la reforma constitucional, destinada a permitir la extradición forzada de nacionales.
La nueva entidad estudia una propuesta recogida en un expediente del Legislativo para enfrentar y modificar lo expresado en la Ley de Leyes del país, respecto a que “ningún costarricense puede ser obligado a abandonar el territorio nacional”.
El cambio a que arribe el grupo parlamentario, tras el análisis del texto y el proceso de consultas, audiencias y enmiendas, permitiría aplicar el mecanismo de extradición tanto a costarricenses por nacimiento como por naturalización.
