Ciudad de Guatemala, 11 jun (Prensa Latina) El Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala condenó hoy las amenazas, desalojos y acciones violentas suscitadas en los últimos días en diferentes comunidades rurales del país con saldo de dos muertes.
En conferencia de prensa, señalaron en tal sentido a “finqueros, Ministerio Público (MP) y jueces vinculados al Pacto de Corruptos”, contra quienes buscan soluciones pacíficas y legales para asegurar su derecho a la tierra y una vida digna.
Representantes de su Consejo directivo rechazaron y repudiaron la persecución y criminalización a dirigentes del Movimiento, indígenas y personas comprometidas con la defensa de la democracia en este territorio centroamericano.
En el ejercicio de su derecho y la resistencia fundamentada en la Constitución, expresaron profunda preocupación por los últimos actos de injusticia cometidos y siguen –subrayaron- en la nación.
Lamentaron la tragedia del defensor de Derechos Humanos, José Alberto Domingo, ocurrida el pasado 5 de junio, y la de la víspera de Marcelo Yaxón, en un atentado criminal en contra de su equipo laboral.
Consideraron, reunidos ante los medios en esta capital, que Guatemala se encamina una crisis de ingobernabilidad y se procede a través de los cuerpos ilegales y del aparto clandestino de seguridad incrustada en el Estado.
Mencionaron al Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el MP y el mismo Poder Ejecutivo, los cuales cuentan con el respaldo del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales Industriales y Financieras y otros sectores.
El CUC, una de las organizaciones históricas de campesinos defensores de las comunidades rurales, demandó justicia y advirtió que la fiscal general Consuelo Porras, jueces corruptos y diputados agudizan la conflictividad agraria así como la represión.
Ello, añadieron en el mensaje, contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas en un acto de revanchismo político y de desestabilización a la actual administración.
Exigieron a las instituciones del Estado que respeten y se involucren en los procesos de diálogo establecidos por el acuerdo agrario suscrito en la búsqueda de soluciones pacíficas a la conflictividad agraria y ambiental.
El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo condenó hace cuatro días el asesinato de Domingo, abogado defensor de derechos campesinos, ocurrido en el departamento de Escuintla mientras realizaba su trabajo de campo.
Yaxón, de la región Gaspar Culán, de Sololá, perdió la vida luego de heridas en un atentado, mientras en el mismo hecho Gustavo Yaxón resultó herido, ambos líderes de la CUC.
“Es una afrenta directa a nuestra lucha por la justicia y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, al igual por la lucha por la democracia y contra la corrupción e impunidad”, apuntó antes la organización.
