Costa Rica con nueva ley para combatir crimen organizado
San José (elpais.cr) - Intervenir teléfonos, indagar cuentas bancarias, mayores plazos de prescripción legal, número de miembros de una banda, son algunos de los instrumentos con que contarán las autoridades de Costa Rica para luchar contra el crimen organizado, tras la aprobación en primer debate una ley especial.
El Congreso aprobó este martes, en el primero de dos debates necesarios para su ratificación, un proyecto de ley que busca dotar a la Policía y a los jueces de mejores armas para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y el comercio ilegal de armas, entre otros delitos.
La iniciativa, que recibió el apoyo de 44 de los 45 diputados presentes en el plenario, recibirá la segunda y definitiva votación el jueves, según informaron fuentes legislativas.
El diputado del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), Jorge Eduardo Méndez, alegó que votó en contra porque la nueva legislación viola convenios internacionales, e incluso derechos humanos.
La normativa también brinda nuevas herramientas judiciales como mayores plazos para la prescripción de los delitos y periodos de prisión preventiva más largos, de cinco años.
Además, se amplía hasta diez años el plazo legal para que las personas guarden los comprobantes que demuestren el origen de sus bienes.
La aprobación en primer debate de la denominada "Ley contra el crimen organizado" generó el aplauso de dirigentes políticos y autoridades judiciales, que han venido clamando por leyes más apropiadas para enfrentar la creciente ola delictiva en el país.
"El paso que hoy hemos dado es enorme en resguardo de la seguridad ciudadana. Que sepan los criminales y las mafias que en Costa Rica no tienen cabida ni espacio alguno”, dijo el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.
“Que sepan que combatiremos ahora con más herramientas y fuerza todo su poder y organización", agregó.
Diputados de todos los partidos respaldaron el proyecto y aseguraron que será una arma de gran importancia para combatir el crimen organizado en Costa Rica.
"Aquí lo que le estamos dando son mayores instrumentos y más armas, desde el punto de vista judicial y jurídico, para que (la autoridades) puedan actuar de una manera más eficiente y para que pueda haber una mejor administración de la justicia", dijo la diputada independiente Evita Arguedas.
El subdirector de la policía de Investigación Judicial, Francisco Segura, celebró la decisión aunque aclaró que con ella "no va a desaparecer el crimen organizado, sino que se van a dar una serie de herramientas que se usarán en la guerra contra el hampa, lo que a mediano y largo plazo dará muy buenos resultados".
Sánchez aseguró que votó negativamente el proyecto de Ley contra el Crimen Organizado, a pesar de haber dado lucha por incorporar mejoras al texto tomando en cuenta el informe de la Corte y del departamento de Servicios Técnicos.
A criterio de legislador el texto aprobado no está acorde con lo que debería ser una política de criminalidad organizada, “no toma en cuenta las necesidades de la sociedad costarricense ni el estado de derecho que nos preciamos defender, desde hace más de cincuenta años”.
“Mi deseo fue construir y no obstaculizar. Colaboré en la redacción de un texto integral que recogiera las inquietudes que técnicos y expertos había esbozado conforme al texto”, afirmó el socialcristiano.
Sánchez Sibaja fue enfático al manifestar que su voto fue negativo al proyecto “esperando encontrar la conciencia y la responsabilidad en mis compañeros, para consultar el proyecto a la sala constitucional, sin ánimo dilatorio o para obstaculizar, y más bien con la consigna de promover una normativa equilibrada, severa, efectiva, pero justa y respetuosa del estado de derecho y las garantías y conquistas fundamentales de la sociedad costarricense”.
Reafirmó su compromiso por aprobar una ley que ataque fuertemente la delincuencia organizada, pero fue claro al señalar que “no puedo aplaudir una ley que confabula contra los derechos y las garantías personales”.
Sánchez fundamenta en que resulta un contrasentido que “en el parlamento pretendamos violentar los derechos humanos y los principios constitucionales en nombre de la lucha contra la delincuencia organizada”.
Resaltó que este proyecto cuentan “con gravísimas violaciones a la Constitución Política, que van desde el propio desconocimiento de la Convención de Palermo, hasta referencias equivocadas de leyes”. Por ejemplo, dijo, se utiliza el concepto de dos o más personas en lugar de “tres o más”.
Sánchez recordó que la Corte en sus tres informes ha dicho que la ley tiene plazos que podrían extenderse hasta cinco años, “violentando, a todas luces, los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, razonabilidad e inocencia”.
“Eso quiere decir, que con esta legislación una persona podría ser privada de su libertad durante muchos años, y al final, podría ocurrir que el Ministerio Público no encuentre ningún sustento jurídico para procesarla”, explicó.