Arias en campaña contra Código Electoral de Costa Rica
San José (elpais.cr) - El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, al solicitar a sus diputados que deroguen las normas que le impiden expresar su opinión sobre la campaña electoral, la que definió como "estupidez e hipocresía".
"Son de esas aberraciones que tenemos en el país, que uno, una vez elegido, tiene que esconder al partido que lo eligió; eso sólo en este país existe", declaró Arias tras participar en un acto en la provincia caribeña de Limón.
“Es sano para una democracia tan consolidada como la nuestra eliminar ese artículo (el 88 del Código Electoral)”, añadió.
Arias reaccionó así ante críticas de la oposición luego de declarar públicamente su entusiasmo por la elección de su ex vicepresidenta, Laura Chinchilla, como candidata presidencial del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), para los comicios de febrero del próximo año.
Chinchilla logró imponerse el domingo a otros dos aspirantes del PLN en elecciones primarias, en las que participaron cerca de 500.000 personas, según afirmaciones del PLN.
La ley electoral de Costa Rica prohíbe al presidente y a otros altos funcionarios involucrarse en actividades proselitistas, lo que incluye las manifestaciones de apoyo o rechazo a candidatos o partidos en liza.
El opositor Partido Acción Ciudadana pidió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que investigue al presidente y que le aplique las sanciones previstas en la ley por contravenir las disposiciones legales.
Arias pidió a una comisión legislativa que discute posibles reformas al Código Electoral que considere derogar la prohibición, que "lo único que estimula es la hipocresía, mentirle y engañar a la gente".
Arias aclaró que solo está repitiendo ex presiones del ex presidente José Figueres Ferrer (Q.d.D.g.).
Arias Sánchez, en compañía del presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) José Antonio Li, colocó la primera piedra de lo que será el Centro Integral para Personas en situación de Indigencia, albergue que se ubicará en Limón centro.
Durante su visita al puerto caribeño, Arias reiteró la oferta al Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), de pagarles alrededor del 80 millones de dólares para que permitan la privatización de los puertos.
El Gobierno pretende entregar los puertos de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a empresas foráneas, mediante la concesión de obra pública.
Sin embargo, dirigentes del Sindicato han calificado la oferta de “simple chantaje” y reiteraron que la Asamblea General de Trabajadores de Sintrajap ya se pronunció sobre el particular y rechazó la oferta del mandatario.
Entre tanto, el diputado por el PAC, Sergio Alfaro, pidió en una carta al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en la que señala a los magistrados nuevamente la beligerancia política del presidente de la República.
Alfaro les insta a rectificar lo actuado, debido a que las resoluciones anteriores del Tribunal “han permitido la falta de respeto a las leyes electorales y a la Constitución Política de Costa Rica en cuanto a participación en política electoral”.
“El Presidente de la República se burla de ustedes y de las resoluciones que ustedes emiten, de las leyes de la República y de la democracia de Costa Rica”, dijo Alfaro en la nota a los magistrados del TSE.
Esta actitud es, en buena parte, responsabilidad de el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, la falta de contundencia con que ha resuelto este tribunal las anteriores denuncias por beligerancia política contra el Presidente y varios ministros de su propio gobierno ha provocado que los titulares del Poder Ejecutivo pierdan respeto a la ley que les impide participar en política ante una casi segura impunidad”.
Advirtió que “esta es la única oportunidad que tendrán ustedes para rectificar lo actuado, estas declaraciones requieren de una resolución pronta y tajante, de no producirse una resolución inmediata el Presidente de la República, que ya desprecia nuestra Constitución y las leyes calificándolas como “estúpidas”, intervendrá en los comicios que se avecinan y, lo peor, lo hará con impunidad poniendo en peligro la paz social”.
“La Constitución Política le asigna a ese Tribunal la competencia para conocer este asunto y llevarlo hasta las últimas consecuencias, el Tribunal Supremo de Elecciones debe hacer respetar la Constitución y las Leyes Electorales, es su juramento y su función en nuestro estado de derecho”, demandó Alfaro.