¿Lucha social o lucha electoral?

Columna “Pensamiento Crítico”

No está bien planteada la disyuntiva. No es entre lucha social versus electoral. Se puede sostener una estrategia de lucha social -como la que lleva adelante el movimiento social (sindical y no-sindical) costarricense-, sin que su objetivo sea estar al servicio de un proyecto de tipo electoral orientado a controlar el gobierno por medio de un partido político. 

Lo recomendable en esta materia, es que las movilizaciones y protestas que el movimiento social organice le permitan a éste mantenerse como un agente de acción relativamente autónomo respecto del campo propiamente de la política de partidos y de manejo de las políticas públicas; aunque los resultados de las confrontaciones sociales pueden y deben, en ciertas ocasiones, tener repercusiones políticas pertinentes. 

Ahora bien, repercutir  no significa que el accionar del movimiento social debe ser reducido o subordinado a los requerimientos de una estrategia partidista electoral, a saber, de participación en elecciones y en la política parlamentaria, entre otras que son arte y parte del escenario político acostumbrado. Lo que sí es conveniente es que el movimiento pueda contar con una estrategia electoral desarrollada en paralelo por un agente o sujeto propiamente político –un partido- , a la cual el movimiento social pueda contribuir con su presencia y su fuerza desde el ámbito de la sociedad civil. Pero esto puede cumplirse siempre y cuando ese agente no sea de tipo socialdemócrata, es decir, reformista, acomodaticio y amoldado al capitalismo y  a los designios del gran capital local y transnacional, que domina hoy a sus anchas los escenarios políticos intra- y extra-parlamentario; y al cual –debemos denunciarlo- hacen el juego partidos de centro-derecha y ultra-derecha como el PLN, PAC, PASE, PUSC, Movimiento Libertario y los fundamentalistas evangélicos con sus turecas.

Desde esta columna hemos indicado que, ante la debilidad, tibieza y cretinismo de lo que, en la Asamblea Legislativa, se hacer pasar en estos días como “oposición” (con contadísimas excepciones ocurridas en excepcionalísimos momentos de algunos diputados), el movimiento social sindical y no-sindical debe plantearse con total seriedad la necesidad de forjar un brazo político y electoral afín, que complemente las fortalezas que viene desarrollando y acumulando en varios frentes de la lucha social en los planos tanto sectoriales como territoriales o geográficos.

Por supuesto, compartimos con muchos de los dirigentes movimientistas dudas acerca de la conveniencia de inmiscuirse en la lucha electoral bajo las actuales condiciones de deterioro orgánico y de suma putrefacción ética del sistema político mal llamado “democrático”. Recordemos que vivimos en medio del proceso de consolidación de la anunciada “dictadura en democracia” de los Arias, montada por medios espurios, ilegales e ilegítimos a lo largo de un proceso que comenzó allá en el año 1986 durante su primera administración, cuando pudimos observar las primeras manifestaciones de autoritarismo, arbitrariedad y desviación ética del llamado “gobierno paralelo”. Al día de hoy, este gobierno en la sombra domina al gobierno formal, de fachada legal y constitucional, al cual utiliza para sus negocios privados y mafiosos fines. Por tanto, no hay tal “crisis de gobernabilidad”. Costa Rica está perfectamente gobernada por lo que hemos llamado “la norma de la ilegitimidad”, por un vasto sistema de corrupción planificada, programada de arriba abajo, y dirigida por una cúpula mafiosa  y semi-oculta formada por oscuros personajes e intereses creados. No se le debe dejar el campo electoral y parlamentario libre para que siga haciendo de las suyas. Llegó el momento de trazarle la línea de contención y reversión.

El “gobierno paralelo” se ha vuelto, así, un “gobierno de amigos”, de cuates, capos y compadres, de verdaderos “padrinos” y “madrinas” dedicados a lucrar en grande con los recursos del erario. Han copado las posiciones más importantes en la dirección del aparato estatal, especialmente ubicándose alrededor de los centros más importantes de decisión en materia de política económica y financiera, de los cuales tendrán que ser removidos, lo mismo que de la dirección de las principales instituciones. Esto equivale a plantear la urgencia de una rotación de la élite o clase política mafiosa, cuyos protagonistas deben prepararse a seguir el camino de sus casas; esto en cuanto el movimiento social resuelva el problema de la construcción del partido o el brazo político efectivo, que tanta falta le hace para poder desplazarlos de sus cuevas de Alí Babá. Y entre más pronto lo haga, mejor para el país y la democracia. 

El partido es y será el medio pacífico, pero firme y desafiante, que desbanque del poder público a esos agentes desleales a la democracia; y ponga fin de esa manera a treinta años de ignominia e irregularidades a granel, de atropellos al Estado de Derecho y a la institucionalidad; la cual deberá ser  reconstruida y enderezada, así como refundado deberá serlo todo el semi-demolido Estado Social de Derecho y, en general, los mejores logros de la Primera y la Segunda República, antes de que “los amigos” terminen de destruirlos. 

Si no cuenta con un partido, un aliado dentro del escenario que es propio de la política, el movimiento social debe comprender que se le dificulta o imposibilita el acceso a los poderes y recursos del poder público, necesarios para emprender las tareas de reparación institucional y moral. No importa cuán deteriorado y subvertido se halle el Estado. Tampoco cuán degradado haya sido el poder parlamentario. Es allí donde los movimientos y las clases sociales tienen su centro de referencia para lograr cambios legítimos y duraderos; es allí donde el poder mediático al servicio de la clase gobernante no los puede invisibilizar, y donde, por consiguiente, deben librar sus principales combates. No basta hacerlo solo ni principalmente en las calles, aunque las movilizaciones son y serán claves para impulsar y acometer bien la agenda del cambio político. 

En síntesis: la gran misión del movimiento social es aportar su fuerza y creatividad, plasmadas  desde la sociedad civil, a la esfera conexa del sistema político sin subordinarse al mismo, sino manteniendo su autonomía y dinámica propias. Pero debe hacerlo inescapablemente, guste o no, mediante mecanismos que incluyen el proceso electoral y la lucha parlamentaria, donde el papel del partido es insustituible. Si no lo fuera, pues hace rato que, con el gran apoyo de la opinión pública, las organizaciones y dirigencias sociales podrían haber desplazado a la clase política del poder formal,  junto con sus maquinarias corruptas y clientelistas, para, a partir de allí, reforzar y replantear la lucha por el poder real.