Las protestas acosan a Rajoy por el mayor ajuste de la democracia

Concentración de funcionarios en la plaza de Cibeles de Madrid, en protesta por los últimos recortes del Gobierno, como la supresión este año de la paga extra de Navidad a todos los empleados públicos. EFE/Javier Lizón

PANORAMA Por Sara Barderas (dpa) 

Madrid, 16 jul (dpa) - Mariano Rajoy siente la presión de la calle. Las protestas contra los nuevos recortes de su gobierno han ido en aumento desde que el presidente del gobierno español anunció el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados el mayor plan de ajuste en la historia de la democracia española, 65.000 millones de euros más que los ciudadanos cargan sobre sus espaldas.

La movilización crece y amenaza con seguir haciéndolo, los sindicatos dan cada vez más señales de una nueva huelga general que podría llegar en septiembre y el gobierno teme la imagen internacional que pueda dar una España que, con el rescate de sus bancos, se considera ya intervenida en un muchos círculos.

Madrid, por quinta jornada, volvió hoy a ser escenario de varias protestas lideradas por los funcionarios, a los que el Ejecutivo del Partido Popular (PP) ha dejado sin paga extra de Navidad este año y a los que ha suprimido días de libre designación.

Los trabajadores públicos han canalizado el descontento de una ciudadanía que lleva ya dos años sufriendo las consecuencias de los recortes impuestos desde la Unión Europea (UE) para frenar el déficit público, primero bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora con el Ejecutivo conservador de Rajoy, unos recortes que han golpeado y mermado el Estado del bienestar, en un país con más de 5,6 millones de desempleados, el 24,44 por ciento de la población activa.

Entre los funcionarios que se manifiestan apoyados cada vez por más personas de fuera del sector hay profesores, sanitarios y bomberos, pero también policías libres de servicio que alientan a los agentes desplegados en Madrid a unirse a ellos en las protestas. "¡Compañero, date la vuelta!", gritaron hoy algunos cerca de un Congreso de los Diputados que las autoridades mantienen blindado.

Hasta los militares han dejado públicamente patente su irritación con el gobierno. Apoyarán "toda iniciativa ciudadana que plantee la defensa de unos derechos que nunca debimos perder", aseguraron.

Sobre el líder conservador se cierne la amenaza de una nueva huelga general, después de la que vivió ya en marzo contra la reforma laboral, tan sólo tres meses después de llegar a La Moncloa.

"Yo no renuncio a la huelga porque la sociedad tiene derecho a la autodefensa. Si el gobierno lo fuerza y obliga a ello, y me temo que lo está haciendo, será inevitable que se produzca", insistió hoy Ignacio Fernández Toxo, líder de Comisiones Obreras (CCOO).

Junto a la Unión General de Trabajadores (UGT), el otro gran sindicato del país, ha convocado para el jueves manifestaciones en toda España que servirán de prueba para saber hasta dónde están dispuestos a llegar los españoles. La huelga general podría ser en septiembre, tras las vacaciones de verano.

El viernes, el gobierno se enfrenta a una manifestación a las puertas de La Moncloa, convocada por Izquierda Unida (IU).

Rajoy está a punto de cumplir siete meses en el cargo. Su nuevo ajuste supera en más de cuatro veces el de 15.000 millones que Zapatero puso en marcha en mayo de 2010 y la oposición a su política crece en unas calles que se llenan a golpe de Twitter y que también albergan el descontento de votantes del PP que ven cómo Rajoy toma medidas como la drástica subida del IVA que en campaña electoral prometió que nunca tomaría.

El mismo día en el que anunció su plan, el jefe del gobierno tuvo que salir por la puerta de atrás del Congreso para evitar una protesta de funcionarios frente a la cámara. El sábado adelantó en un día y por sorpresa la clausura del congreso del PP de Andalucía para evitar una concentración fijada para el domingo.

El Ejecutivo no quiere un Madrid que recuerde a Atenas. Pero ya hay quien advierte de que en un clima de descontento general, con unos ciudadanos que se convocan espontáneamente para manifestarse, una chispa puede servir para prender la llama.

La semana pasada ya se vivieron episodios violentos. Hubo quema de contenedores, enfrentamientos con la policía y detenciones tras una concentración de apoyo a los mineros que durante 20 días recorrieron 400 kilómetros a pie para protestar en Madrid contra los recortes del gobierno en el sector. El gobierno "ha echado gasolina en las calles de este país", sentenció hace unos días el líder de IU, Cayo Lara.