Presidente de Tribunal Ambiental: Osa será potrero en dos años

Fuente: Carlos Salazar (csalazar@elpais.cr)  | 21/04/2009

               

San José (elpais.cr) - El presidente del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), José Lino Cháves, aseguró que de seguir la destrucción del bosque, la península de Osa y la Fila Brunqueña, en el sur de Costa Rica, se reducirán a potrero en dos años.

Cháves, en entrevista exclusiva con Nuestro País, lamentó que la Contraloría General de la República (CGR), le haya quitado un pequeño presupuesto de 24 mil dólares para atender inspecciones por daños ambientales a esta entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).

Dijo que una denuncia por delitos ambientales debe ser atendida en poco tiempo, “porque si llegamos meses después no encontramos evidencias”.

Además, aseveró que Costa Rica ha logrado mucha inversión por la venta del sello verde, de la naturaleza, pero con el ritmo de destrucción “pronto los turistas no vendrán. Ellos vienen por el bosque, por la naturaleza, pero los desarrolladores están destruyendo el negocio”.

El siguiente es el diálogo con el presidente del TAA, José Lino Chávez:

NP.- ¿De las multas que se imponen a quienes dañan el ambiente, cuánto se invierte en el TAA? ¿Tiene la institución suficiente dinero para cumplir su labor?

JLC.- Cuando hay una indemnización por daño ambiental, en caso de condena o de conciliación, lo primero que hacemos es proteger el ambiente, luego tres rubros: el primero es la mitigación del daño ambiental; segundo, la reparación del daño ambiental cuando se puede, porque lamentablemente a veces el daño es tal que no se puede reparar nada y hay que dejar que la naturaleza haga el trabajo; tercero, es la indemnización por el daño y ese dinero debe devolverse a la sociedad costarricenses; esos dineros se enviaban o utilizaban, por ejemplo, si era una Área de Conservación la que presentaba la denuncia se le giraba un tanto o la totalidad para labores de vigilancia, operativos, así como para labores de capacitación. De esos fondos el TAA se destinaba un porcentaje pequeño para gastos operativos. Esto significó un monto bajo y que el año anterior nos permitió utilizar 24 mil dólares, precisamente para el trabajo, como compra de equipo, gasolina y viáticos, pero a partir de octubre del 2008 el Tribunal recibió una nota de la CGR que nos indicaba que todos los fondos que llegaban acá debían destinarse a la Caja Única del Estado, independientemente de la legalidad o no el TAA debe cumplir con la disposición; entonces esos fondos se giran a la Caja Única; entonces, eso limita mucho al Tribunal, es una realidad que se debe compartir.

NP.- Entonces, sin dinero ¿Cómo hacen su trabajo?

JLC.- El delito ambiental se debe combatir con mucha agilidad, no podemos esperar seis meses para ir a hacer una inspección o ordenar una medida cautelar. Cuando ya llegamos a hacer ese trabajo no encontramos absolutamente nada. Nos quitan agilidad, y el país no tiene un mecanismo que sea ágil para que nos den los recursos, y esta es nuestra preocupación.

El año pasado pudimos ser agiles por esa pequeña cantidad de recursos que teníamos, además del presupuesto, y ahora no podemos ser agiles, tanto así que el TAA actualmente, con el recurso del presupuesto y sus trámites burocráticos en el Minaet a estas alturas no nos ha entrado ni las tintas, ni el papel higiénico, y tenemos serios problemas.

Por otra parte, los vehículos asignados al TAA son viejos y después de una gira van al taller. Eso significa que después de una gira, el vehículo va para el taller, y ahora para que nos reparen un carro duramos tres o cuatro meses. En este momento, estamos buscando vehículos para ir a hacer inspecciones, y es un serio problema. Aquí el año pasado pudimos atender muchos casos con rapidez a pesar de la escasez de personal que tenemos. Este año, desde la semana anterior, que ingresaron ocho compañeros más, tres ingenieros y tres abogados, y dos para la parte administrativa, tenemos más gente, pero no tenemos vehículos, y también los tenemos sin computadoras, sin escritorios.

NP.- ¿Cómo se hace para hacer un trabajo que no sea tan malo?

JLC.- Es difícil, es sumamente difícil. El año pasado, a estas alturas, ya el TAA había duplicado las inspecciones, este año no hemos podido hacer la mitad de las inspecciones que hicimos el año anterior. Hemos suspendido dos barridas ambientales, hicimos una pequeña en piñeras, previo a Semana Santa y esta semana vamos a realizar otra en la zona costera de Santa Cruz, Nicoya y en la parte de Cóbano. Bueno, al día de hoy no tenemos certeza si vamos a contar con los vehículos necesarios. Es realmente una situación muy difícil.

NP.- ¿Eso se debe a interés político de que el TAA no haga su trabajo o a los trámites burocráticos?

JLC.- Nosotros hemos logrado que la Comisión de Asuntos Hacendarios, en la Asamblea Legislativa, nos diera más plata.  Esas platas no iban en la petición de presupuesto del Minaet, a pesar de que nosotros lo habíamos solicitado; los diputados lograron, por una moción, de manera unánime darnos esas ocho plazas, y esa fue parte del reconocimiento que se le hizo a nuestro trabajo, pero para nosotros es difícil trabajar con tantas limitaciones. Lo hacemos, claro, y los compañeros y compañeras tienen una cuota de sacrificio extraordinaria, y muchas veces hemos salido en vehículo, falla, y hemos tenido que regresar en autobús, pagando los pasajes. Fuimos a Santa Cruz y regresamos en bus, igual a Jacó; entonces, no sabemos si un vehículo llega o regresa. Pero hay que hacer el trabajo, hay que hacer lo que podamos de acuerdo con las limitaciones que tenemos.

Anteriormente, contábamos con esos fondos de las multas, a través de la Fundación de Parques Nacionales, pero hoy no podemos hacerlo, y seguiremos esta yegua que se puso chucara. Lo más preocupante es que cuando hemos ingresado a una región en el programa de Barridas Ambientales (el año anterior se hicieron cinco), y para este años tenemos programadas ocho, pero la primera, programada para febrero, no la pudimos realizar por falta de dinero.

NP.- ¿Qué efectos causan estas barridas en las comunidades?

JLC.- Cuando ingresamos a las regiones sentimos que ha causado un efecto positivo, que se ha ordenado, los funcionarios que por diversas circunstancias no estaban cumpliendo un rol de fiscalización de pronto cumplen. Sin embargo, lo más importante es que las comunidades, los vecinos, empiezan a denunciar, y hemos sentido una confianza del ciudadano para presentar denuncias.

Anteriormente, nos decían que cuando presentaban una denuncia ante cualquier entidad, llámese Minaet, Fiscalía, los procesos no culminaban con éxito porque eso era muy difícil; la materia ambiental es sumamente difícil probarla, pero el TAA tiene la ventaja que si tiene un fundamento jurídico que si le permite ser ágil, por ejemplo, las medidas cautelares. Las medidas cautelares en sede Penal es una medida que debe ser tomada, siempre y cuando exista una identificación del sujeto que hizo el daño ambiental, si no está una identificación plena, el Juzgado Penal, por más que la Fiscalía lo pida, no lo va a aceptar porque es sede Pena. En cambio, nuestra sede si, nosotros lo hacemos porque no nos interesa quién es el responsable, sino que el daño está ahí. Entonces, ese criterio objetivo es el que nosotros utilizamos y hacemos la medida cautelar de forma inmediata y con una ventaja, no tiene recurso de apelación; el acto opera de forma inmediata, ese es un instrumento muy valioso y único, porque en sede Penal hasta tanto no se resuelva el recurso de apelación el acto no está en firme. Con nosotros con solo dictar el acto está en firme.

NP.- ¿Cómo está la situación de denuncia en la península de Osa y la Fila Costeña?

JLC.- Nosotros hemos estado desde el 2007 con inspecciones simples, y entonces nos empezó a preocupar la Fila Costeña, Dominical, Uvita y en el 2008 hicimos la primera Barrida Ambiental, no había muchas denuncias, dos o tres al año. Sin embargo, en esa primera Barrida nos trajimos 30 expedientes, de los cuales 16 se les pusieron medidas cautelares. A partir de ese momento, empezaron a entrar siete u ocho denuncias mensuales; inclusive, eso motivó, por ejemplo, la última barrida se iba a realizar en el sur, en Jiménez, pegando a Panamá, y llegó una colaboración muy valiosa, con TNC, que nos llevaron en una avioneta a hacer un recorrido, con dos ingenieros, y cuando trajeron el informe se valoró que había daño, pero no tan grave; lo que sigue más grave es la Fila Costeña, ya que desde que fuimos en junio y julio, siguió más el daño. Las empresas que paramos no siguieron, pero hay más daño más arriba. Volvimos a ir arriba, en Osa tenemos 64 proyectos intervenidos.

Pero quiero relatar una experiencia en Guanacaste. Una de las zonas más afectadas que hemos visto más afectadas es Santa Cruz, en la playa, Potrero, Tamarindo que está colapsado, playa Grande, Potrero, Baulas, toda esa zona que es rescatable, y a pesar de que en esa zona hay intereses económicos muy fuertes si notamos un cambio. Todos los desarrolladores, la mayoría, hicieron cambios de regencia.

Fuimos una semana y sentimos un cambio, siempre los hay, notamos un cambio, obligado, a punta de cierre de proyectos, del resto de desarrolladores. En Osa, los desarrolladores respetan las medidas y paran los proyectos, se preocupan y vienen a buscar la manera de hacer las mejoras. Por ejemplo, en febrero fuimos a hacer las revisiones de cautelares, de recursos de apelación, 16 casos puntuales, y nos dijo una gente de la Municipalidad de Osa, unos funcionarios, que nosotros no habíamos ido arriba y explicó que ya la zona no se mantiene como en noviembre anterior. Por ejemplo, en una zona que es límite de Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón, que es la parte más alta de la Fila Costeña habían unas 140 hectáreas de tala de bosque primario para efectos de desarrollo urbanístico, casas para vistas, y ya vimos que los caminos y las terrazas llegaron a la parte alta, y lo más grave de esto es que es una zona de recarga acuífera, con otro agravante más serio, el Corredor Biológico natural fue interrumpido y eso lo hicieron en menos de tres meses. En Noviembre subimos y no habían llegado a la parte más alta, y en febrero ya el daño estaba hecho.

Los pronósticos que se hacen en el TAA sobre Osa es que si no hay una acción enérgica de control, Osa se convertirá en potrero en dos años, es impresionante la destrucción, es alarmante para el país. Ahí debe haber una acción enérgica de parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Para poder parar esa destrucción se deben tener mínimo unos 25 funcionarios a tiempo completo, no cuatro como ahora.

NP.- ¿Cuál sería el futuro de Costa Rica con la destrucción?

JLC.- Este país se ha desarrollado a punta de vender la parte verde, y si nosotros pretendemos un desarrollo irracional, sin respetar el ambiente, sencillamente la mina de oro se nos va a caer, y hasta allí vamos a llegar. En qué vamos a quedar si la principal entrada es industria turística, es el turista que viene a buscar la naturaleza, la montaña, el bosque y cuando no lo encuentre no va a volver; entonces, nosotros no podremos competir con Las Vegas en casinos, con los monumentos mexicanos, entre otros, somos fuertes en lo que tenemos, en la parte verde. Vemos como desarrolladores de proyectos turísticos vienen a destruir y eso después les va a afectar su negocio.

COMPLEJO DE 4 PROYECTOS EN CHONTALES DE OSA
Proyectos Radiant Sun Valley, Vista sin Fin, Trópicos Verdes y Sueños del Trópico. Cerca de 900 hectáreas y más de 1000 casas proyectadas. Paralizado. Foto cortesía del TAA para elpais.cr

COSTA VERDE ESTATES
492 hectáreas para desarrollo inmobiliario en parte alta de Escaleras de Osa. Primera fase con 56 terrazas y segunda fase en etapa inicial. En investigación. Foto cortesía del TAA para elpais.cr

PROYECTO OSA TROPICAL
Desarrollo residencial de más de 100 hectáreas en Ojochal de Osa, que ya va por la etapa 11. Cada etapa está lotificada y en muchos lotes ya se ha construido o se está en proceso de construcción. Algunas casas invaden zonas de protección de bosque y quebradas. Paralizado. Foto cortesía del TAA para elpais.cr

PROYECTO BALZAR DEL PACÍFICO
Este proyecto se ubica en las alturas de Puerto Cortez, en plena zona de recarga acuífera del Río Balzar, propiedad de la empresa Eagles Point. Paralizado. Foto cortesía del TAA para elpais.cr

TAJO ILEGAL EN MARGEN DE RÍO BARÚ
Este tajo ha operado ilegalmente por más de un año junto al río Barú, en el límite entre Osa y Aguirre, propiedad de la empresa Ronalisa S.A. Paralizado. Foto cortesía del TAA para elpais.cr