Frente de comunidades costeras de Costa Rica demanda autonomía

Fuente: elpais.cr  | 30/03/2009

               

San José (elpais.cr) - El Frente Nacional de Comunidades Costeras en Peligro de Extinción celebró el fin de semana el apoyo mayoritario de la Municipalidad de Puntarenas al Proyecto de Ley Territorios Costeros Comunitarios de Costa Rica.

Representantes de algunas de las comunidades costeras en peligro de extinción, como Isla Caballo, Isla Cedros, Tambor, Montezuma, Pochote, Playa Guiones sur, Playa Torres, Puntarenas, Cabuya, Ostional, Playa Pelada, Punta Cuchillo, Costa de Pájaros y Asociaciones de pescadores,  se reunieron, como parte del plan de acción establecido por las comunidades, para la elaboración y presentación del  Proyecto de Ley.

De acuerdo con el coordinador de la organización de pueblos costeros y fronterizos, Wilmar Matarrita, el Proyecto de Ley será entregado el día 6 de mayo en la Asamblea Legislativa.

Durante el encuentro, celebrado el fin de semana en la ciudad de Puntarenas, se dio a conocer el acuerdo municipal dirigido a legisladores puntarenenses de cuatro partidos políticos.

El Concejo Municipal de Puntarenas, en la Sesión Ordinaria Nº 273 celebrada el día 20 de marzo de 2009,  en su Artículo 10º Inciso C, acordó respaldar la iniciativa de las comunidades costeras.

“Que en nuestro Cantón, lo mismo que en el país, muchos Pueblos nacieron y se desarrollaron en terrenos adyacentes al mar, formando con éste una unidad indisoluble, dependiendo los Pobladores económicamente de este recurso”, explicó el acuerdo.

Como ejemplo, los regidores citaron Costa de Pájaros, Chomes, Manzanillo, Cocorocas, Morales, Abangaritos, Isla de Chira, Isla Venado, Isla Caballo, Pochote, Tambor y Montezuma, entre otros.

“Que dichos Pueblos, además del mar, comparten una perspectiva de vida en común, con costumbres y sentido de pertenencia a la Comunidad de sus Pobladores”.

Justificó el Concejo que al crearse la Ley de la Zona Marítima Terrestre (ZMT), “no se tomó en cuenta la realidad de estas poblaciones, que nacieron mucho antes de la Ley (1977), afectando dicha Ley la condición jurídica de los pobladores que pasaron en muchos  casos de  ocupantes a infractores de la Ley, amén de las repercusiones negativas en el ámbito económico, social y cultural”.

Justificó que la aplicación de la Ley de la ZMT supone la desaparición de muchos de estos Pueblos costeros, que en la mayoría de los casos, sus construcciones no están autorizadas según la normativa de la Ley actual, o se encuentran en la zona pública, lo que implicaría la demolición de las construcciones (casas de habitación) y el desalojo de los pobladores.

Resaltó el Concejo puntarenense que “actualmente existe un movimiento que nace de los pobladores afectados, tendiente a crear una Ley Especial que pueda salvaguardar la integridad de estos Pueblos, y para lo cual ya se han realizado reuniones con Diputados, Representantes de la Procuraduría General de la República y Contraloría General de la República, encontrándose en la fase de redacción el Proyecto de Ley”.

La moción, aprobada por ocho votos y dispensada de trámites, fue rechazado por una regidora.

Otro proyecto

Entre tanto, Casa Presidencial se comprometió a enviar al Congreso el proyecto 17.310, “Proyecto de Ley para el Desarrollo Sostenible de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT)”, que fue presentado a la Asamblea Legislativa con la firma de 34 legisladores.

Este proyecto es impulsado por el Alcalde de Osa y empresarios privados, quienes afirman que la incertidumbre legal acabaría con los únicos ejes de empleo y prosperidad de los desarrollos turísticos costeros.

Señalan que el proyecto de Ley pretende aclarar el supuesto “vacío legal” para que proteja un desarrollo ambientalmente sostenible y equilibrado para la región

“Los vecinos se sienten seriamente preocupados ante la incertidumbre legal y las acciones arbitrarias de varias instituciones del Estado que amenazan su desarrollo económico y social, pues pretenden acabar con los únicos ejes de empleo y prosperidad de los desarrollos turísticos costeros”, dijo un comunicado del Partido Unidad Socialcristiana (Pusc).

Tanto el Alcalde de Osa, Alberto Cole, como algunos empresarios de la región se encuentran molestos porque el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), y otras instituciones del Estado encargadas de velar por el ambiente han ordenado demoler construcciones para atender turismo, que no cuentan con los permisos legales.

Además, la molestia de Cole y los empresarios privados, que cuentan con el apoyo de algunos vecinos de Osa, se da porque la Contraloría General de la República (CGR) ha venido sosteniendo la tesis de que los planes reguladores de la ZMT no pueden ser realizados por particulares, lo cual ha sido la costumbre por décadas en el país.

Se calcula que el 95% de los planes reguladores de los proyectos de turismo han sido elaborados por particulares y posteriormente aprobados por las instancias públicas correspondientes, lo que la Sala Constitucional y la CGR han considerado ilegal.

Sobre el nuevo proyecto, Wilmar Matarrita, del Frente de Comunidades Costeras, aseguró que la propuesta de Cole y los empresarios privados, avalada por Casa Presidencial, tiene vicios de inconstitucionalidad.

“Debemos debatir sobre este tema, que trata de beneficiar a los grandes proyectos inmobiliarios y como excusa sostienen que es para el bien de la comunidad, lo que no es cierto. Tampoco se defiende la biodiversidad”, adelantó Matarrita.

El Comité Pro-Desarrollo del Cantón de Osa y la Zona Sur está integrado por Asociaciones de Desarrollo y las cámaras de Desarrolladores Inmobiliarios y de Turismo, que defienden la propuesta presentada la semana anterior.