¡Pobre de aquel que se le ocurra preguntar por el costo OFICIAL de la archimillonaria campaña electoral a la que nos han sometido sin misericordia los grupos políticos económicamente poderosos a través de los medios. Se llevará una desagradable sorpresa. El Tribunal Supremo de Elecciones no cuenta con un monitoreo de la pauta publicitaria para esta campaña.
Para calcular lo gastado se requiere ejecutar un monitoreo diario de las pautas en prensa, radio y televisión a partir de la convocatoria. Una vez contabilizados los anuncios, los tiempos, horario, ubicación y otros datos, se deberán multiplicar por el costo establecido y publicado de previo, aplicable por igual a todos los grupos, por las empresas dueñas de medios.
Ese monitoreo de pauta publicitaria es una labor especializada. Existen empresas que brindan ese servicio. Esto lo tiene claro y bien entendido el TSE. Por su parte los grandes medios y los partidos contratan su propio monitoreo. Los primeros preocupados por la competencia y los segundos para que les jueguen limpio. No vaya a ser que el medio rival esté recibiendo mayores ganancias del jugoso pastel de la deuda pública o las donaciones privadas y/o que en lugar de salir el anuncio durante o después del telediario o la novela, lo saquen cuando todos duermen. Los resultados de esos monitoreos particulares no son de conocimiento público. Sus resultados se usan para satisfacer un interés privado.
Por el contrario, el monitoreo de la pauta publicitaria por parte del TSE tiene utilidad social. En el pasado contribuyó a controlar que los partidos no excedieran los límites que la ley mandaba así como para garantizar igualdad [1]. La Sala IV eliminó esos límites declarándolos inconstitucionales por allá de 1997. Pareciera que dando inicio a esa lógica perversa de estrujar los derechos políticos y darle rienda suelta al gran capital y la inversión sin límite.
Al TSE se le asignaba - en el “ancien” código - la función de “REGULAR Y FISCALIZAR el uso RAZONABLE Y EQUITATIVO de los medios de comunicación colectiva que empleen los partidos políticos para su propaganda electoral” (Art. 19 Letra g). Sana disposición para garantizar la equidad. Un derecho sin garantías es letra muerta. Esa función ahora desapareció del todo. Nos quedamos sin el derecho ni la garantía.
Esa “anticuada” normativa sirvió también para desenmascarar donaciones en especie de los medios. Le fue muy útil al Ex Vicepresidente Casas para sus estudios y para mostrar que: “En el caso del partido ganador en 1998, los gastos informados por el partido resultaron en menos de un cuarto del precio oficial del tiempo de publicidad adquirido, un descuento que llega a una donación neta de 1 millón 700 mil dólares, probablemente la mayor contribución de cualquier sector económico en todo el ciclo electoral.” [2]
Para el 2006 y el 2007, terminados los estudios, como bien nos conminó públicamente el señor Casas, supimos de cuál “madera democrática estaba hecho”. Nada más recordemos un párrafo de su Memorando del Miedo: “Que la empresa envíe de inmediato una carta al Ministerio de Planificación pidiendo que el gobierno le envíe un representante para hablar del Plan Nacional de Desarrollo o de la visión futura del país o algo por el estilo (eso para cubrirnos las espaldas de cara al TSE)”.
Por otra parte, el espíritu y la ley contribuyó para que Transparencia Internacional Costa Rica [1] en la campaña 2006 determinara que
Todos los candidatos apostaron principalmente por la propaganda en televisión
Por el costo del acceso a los medios, los partidos y candidatos con menos recursos son discriminados y padecen de escasa visibilidad.
Los anuncios de Arias en las radios y canales de televisión ocupan un 40% del tiempo de la propaganda electoral difundida. Seguido por Otto Guevara con un 19%.
Como se ve, la historia se repite en esto de acaparar publicidad. Esperemos que esta tercera vez como farsa. Sin monitoreo oficial no lo sabremos con certeza. Tampoco se podrá hacer control cruzado. Tendremos información si acaso de partes interesadas o de alguna bondadosa ONG.
¡Qué duda cabe! que la propaganda electoral en la sociedad moderna y de supremacía de los medios resulta imprescindible y crucial para el éxito de un candidato. Su ausencia puede originar una serie de distorsiones en el proceso electoral, entre los que se pueden señalar:
El desigual acceso a los medios de comunicación y la consecuente desigual participación en el debate político lo que va en contra del principio democrático.
La posible contaminación de la información, censura o autocensura en los medios de comunicación al necesitar la inversión en propaganda el apoyo de poderosos grupos económicos.
La alianza de intereses políticos y económicos puede dificultar la labor de investigación y divulgación de los periodistas y mermar la independencia y libertad de la prensa.
Borrados de un plumazo los límites a las pautas publicitarias y la función reguladora del TSE el monitoreo por parte de éste desapareció también. La ciudadanía quedamos a merced de la ley del más fuerte. Sin función, ni límites en la nueva legislación, el TSE no se ve obligado a contratar el monitoreo para esta campaña como si lo hizo para el Referéndum[2]. Abiertas las compuertas para que el dinero fluya, sin límite alguno, por un tubo y siete llaves en la campaña, el portillito de más del 40% del gasto en medios resultó cuestión inapreciable. No le importó a nadie.
Dado el multimillonario gasto, nunca antes visto, en insubstanciales anuncios por televisión del que hemos sido víctimas ¿será que al menos quedará esta materia pendiente para lo que ahora, a destiempo, señala el Magistrado Sobrado como: “interesantes iniciativas (que) , deberán ser tomadas en cuenta en los procesos de reforma electoral de segunda generación que deberemos emprender, concluido el proceso electoral, con el afán de perfeccionar los grandes avances generados por el nuevo Código Electoral[3].”? ¿Ya para qué? Nos preguntamos. Cierto también es que nunca es tarde para diseñar fórmulas que apuntalen la igualdad electoral.
¿O estaremos frente a otro botón de muestra de la inequidad rampante del juego electoral actual y la falta de claridad, honradez y coherencia mínima exigible a quienes participaron de estos cambios?
Contra dinero Patria, tatuaje en el corazón que nos debemos poner todos este siete de febrero.
[1] La Ley de entonces limitaba por ejemplo a no más de una página por partido por edición o su equivalente en cada uno de los diarios ; un máximo de diez minutos diarios por canal en televisión y un máximo de 30 minutos por semana en radio , ente otros
[2] Report Transparency International 2004
[1] TICR. Informe final: Elecciones Transparentes 2006
[2] Para el referéndum del 2007 el TSE dispuso al tenor del Art. 19 de la Ley sobre Regulación del Referéndum : “Contratar una empresa que realice eficiente y diariamente el monitoreo de pautas publicitarias en torno al Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, durante un lapso de tres meses, para efectos del control que llevará el Programa de Registro de Publicaciones durante el proceso de referéndum” (Contratación Directa N° 2007CD-002770-85002“Contratación de los servicios de monitoreo de pautas publicitarias”). Ello con la finalidad de “establecer un control cruzado con la información que le remitan los medios de comunicación colectiva”( Nº 208-PROVTSE-2007. Proveeduría del Tribunal Supremo de Elecciones, al ser las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil siete). Para ese propósito el TSE reservó “la suma de ¢1.722.999,99 (un millón setecientos veintidós mil novecientos noventa y nueve con 99/100 céntimos), que incluye los recursos necesarios para la adquisición de dicho servicio por tres meses”. (Nº 208-PROVTSE-2007. Proveeduría del Tribunal Supremo de Elecciones, al ser las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil siete). La falta de dinero en modo alguno es problema ya que el TSE destinó diecisiete veces más (¢30 millones de colones) para los “spots” y tatuajes de “Votar es pura vida” o “lindo” en esta campaña en comparación con los cerca de dos millones que destinó para controlar la publicidad en el Referéndum.
[3] http://www.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/04/opinion2250020.html