Foro sobre Crucitas en UCR desnuda proyecto minero en zona norte

Fuente: elpais.cr  | 15/08/2009

               

San José (elpais.cr) - El Consejo de la Universidad de Costa Rica (UCR),  presentó al público el Informe Especial sobre el proyecto minero de Crucitas, en el que advierte irregularidades en el trámite de permisos, posible conflicto fronterizo con Nicaragua y sobre problemas ambientales que puede generar dicho proyecto a menos de tres kilómetros del internacional río San Juan.

Para ello, durante el Foro sobre Crucitas, celebrado el jueves en la noche en el auditorio de la Escuela de Ciencias Económicas de la UCR, varios integrantes de la Comisión Especial, que preparó el informe a partir del cual el Consejo Universitario dictaminó su pronunciamiento, aprovecharon para precisar algunos aspectos técnicos y legales desde su perspectiva profesional (http://cu.ucr.ac.cr).

En su presentación, el geólogo Allan Astorga aprovecho para referirse al nuevo Código de Minería -enviado recientemente a consulta pública por el Ministerio del Ambiente- y los riesgos que acarrea al liberar toda actividad minera de Estudios de Impacto Ambiental, declararla de conveniencia nacional, y al rebajar los cánones mineros, reduciéndolos a “una cifra ridícula”.

Advirtió de igual manera sobre la inobservancia que este proyecto le significa a gran parte de la legislación ambiental vigente en el país, sobre todo en zonas altamente vulnerables.

Además, Astorga puntualizó en el desafío que constituye el abrir el país a la actividad minera de esta manera, cuando la apuesta tradicional de Costa Rica en materia de desarrollo ha sido otra.

Por su parte, Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho, advirtió sobre la alta vulnerabilidad de la zona de Crucitas y el posible conflicto que pueda ocasionar con Nicaragua una contaminación del fronterizo río San Juan, o, igualmente grave, el acuífero regional subyacente a la zona.

Explicó que el segundo proyecto presentado por la empresa Infinito Gold en diciembre del 2007 multiplica por 6 la profundidad de extracción, por dos el volumen extraído, sin que la SETENA haya exigido un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, y “sin que se sepa a ciencia cierta cual serán las consecuencias para la cuenca del Rio San Juan y el acuífero regional que comparten Nicaragua y Costa Rica en esta zona”.

En su intervención el Ingeniero Carlos Quesada resaltó las condiciones peculiares desde el punto de vista climático y de la geomorfología de la zona (ruta de huracanes cercana, existencias de fallas locales, altos índices de precipitación, posibles terremotos en la zona, que no han sido debidamente atendidos por la empresa Infinito Gold en las obras de infraestructura previstas ni en las lagunas de relave del material planeadas.

”Una ruptura o falla técnica debido a las condiciones extremas del clima provocaría un mar de lodo y material químico de incalculable impacto en esa zona fronteriza” puntualizó.

Recordó que la empresa no ha demostrado haber hecho la inversión suficiente – y millonaria para que quede bien hecha desde el punto estructural – como sí se ha hecho para obras importantes de infraestructura en el país (embalse de Arenal, Cachí, entre otros).

El desastre anunciado de mina de Bellavista en Miramar de Puntarenas, ocurrido en octubre del 2007, “es una triste experiencia de la cual el país debió de haber sacado lecciones”.

En su presentación, la bióloga Yamileth Astorga, coordinadora de PROGAI (UCR) denunció las carencias del estudio de Impacto Ambiental en torno a las sustancias tóxicas que irremediablemente  se extenderán por aire, agua y suelo en la zona, y la probable contaminación de los mantos acuíferos.

Señalo además que una vez finalizada la fase de operación de la mina (11-12 años), “nadie nos puede decir que pasará con el material químico ahí concentrado, ni que efecto podría ello tener al largo plazo”.

Por su parte, Alvaro Sagot, profesor de Derecho Ambiental de la UCR manifestó la inconstitucionalidad del Decreto de conveniencia nacional de octubre del 2008, que en ningún momento realiza un balance entre los costos ambientales y los beneficios para el país, habiendo instrumentos y herramientas para realizarlo.

Cuestionó de igual forma la inobservancia de este Decreto de conveniencia nacional con respecto a varias obligaciones internacionales de Costa Rica, y que atenta además contra varios fallos de la misma Sala IV que veda la corta del Almendro Amarillo. 

Añadió que la reciente “oferta” de Infinito Gold para ubicar en sus locales las oficinas del IMAS y las del Consulado de Nicaragua en Cutris son parte de una misma estrategia tendiente a ganarse a la opinión.

En una rápida intervención, el dirigente comunitario Carlos Murillo cuestionó que el MEP dejara que fueran distribuidos en las escuelas de la zona un libro de colorear titulado “Qué es la mina” editado por la empresa para los niños, y que se les impidiera, como docentes, realizar charlas con los niños sobre este tema, pero desde otra perspectiva.

Advirtió además que de cara a la visita que realizarán los magistrados de la Sala IV el próximo 11 de septiembre, “hay información según la cual están enterrando varios almendros amarillos cortados y otras especies vedadas”.

Varios de los participantes denunciaron el posible riesgo de “enjambre minero”, debido a que la misma empresa Infinito Gold anuncia en sus páginas de internet posibles yacimientos nuevos cercanos a Crucitas.

En sus respuestas, los participantes lamentaron que la empresa y las autoridades públicas invitadas (MINAET y SETENA) se hayan negado a venir a debatir públicamente a este foro, “lo cual es una señal preocupante, sobre todo viniendo de las autoridades que en teoría deben velar por la debida aplicación de la ley”.

“Los argumentos técnicos para declarar de conveniencia nacional semejante proyecto al parecer no cuentan con la solidez suficiente como para ser defendidos públicamente en un recinto universitario” recalcó uno de los participantes.

En el público, además de los estudiantes, profesores, miembros de ONGs, estuvo presente el precandidato Ottón Solis y asesores legislativos de varios partidos políticos y se pudo observar la presencia de varios letrados de la Corte Suprema y de magistrados de la Sala IV, así como de miembros de la prensa nacional y de agencias de noticias internacionales.