Buenos Aires, 18 jun (Prensa Latina) Un grupo de 11 diputados de la Unión por la Patria (UP) presentó hoy una denuncia contra la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios por agresiones sufridas durante una manifestación el miércoles 12.
Miles de ciudadanos intentaron llegar ese día hasta el Congreso para expresar su rechazo a la llamada Ley Ómnibus, pero la zona fue vallada y rodeada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Federal, la Gendarmería y la Prefectura que usaron gases, camiones hidrantes y balas de goma contra ellos.
Entre los heridos se encuentran los legisladores Carlos Castagneto, Carolina Yutrovic, Gabriela Pedrali, Eduardo Valdés, Luis Basterra, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Leopoldo Moreau, Andrea Freites, Gustavo Fernández y Ernesto Alí, quienes firmaron un recurso ingresado esta jornada en el Juzgado Federal No 4.
Además de Bullrich, fueron acusados el secretario de Seguridad Vicente Ventura y el prefecto general Guillermo Giménez por “apremios ilegales, vejaciones, tormentos, lesiones graves, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”.
Los diputados estaban ejerciendo su representación popular y el derecho a la libertad de expresión. Intentaron en todo momento ser interlocutores de manera absolutamente pacífica. Jamás cortaron una calle: tanto la avenida Entre Ríos como la calle Hipólito Yrigoyen estaban interrumpidas por un cordón policial, detalla un comunicado de UP.
Los legisladores tuvieron como respuesta por parte de agentes de la Prefectura Naval empujones, golpes y descargas de gas pimienta. Existió un uso absolutamente desproporcionado y desmedido de la fuerza, lo cual no respeta los principios, declaraciones y garantías de la Constitución, añade.
El texto explica que La denuncia está respaldada por pruebas documentales y testimoniales con constancias de las atenciones médicas recibidas, así como registros fotográficos y audiovisuales de las lesiones y ataques sufridos.
En tanto, se derivó una presentación por correo electrónico a organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General, concluye.
