Buenos Aires, 15 jun (Sputnik).- Políticos y representantes de sindicatos y entidades de derechos humanos en Argentina reclamaron la libertad de unas 35 personas que permanecen en prisión preventiva tras haber sido detenidas durante la represión de una protesta convocada el pasado miércoles frente al Congreso, en rechazo a una ley clave del Gobierno, la cual fue aprobada en el Senado.
«Pedimos el inmediato cierre de la causa y la inmediata liberación de los detenidos», reclamó durante una multitudinaria rueda de prensa la que fue hasta ahora diputada nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), Myriam Bregman.
Los encarcelados están acusados de graves delitos, como sedición, atentado a la autoridad, resistencia, incendios, instigación a la violencia colectiva y estragos dolosos.
«Quienes se encuentran detenidos no estaban cometiendo ningún delito sino que, como se puede ver en todos los registros de video, se trata de vendedores ambulantes y civiles que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del Congreso», señala un comunicado difundido por familiares de los detenidos.
La conferencia de prensa, que acogió la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), entidad presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Equivel, se vio desbordada por la multitud de personas que participaron en ella.
Entre quienes ya pasaron dos días en prisión preventiva está el músico Santiago Adano, detenido cuando se dirigía al subterráneo de la capital argentina, según un vídeo que trascendió en las redes sociales, pese a lo cual fue acusado de alzarse contra el orden institucional por el fiscal interviniente del caso, Carlos Stornelli, y enviado al penal de Marcos Paz, una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires (este).
«No se resistió y lo estaban asfixiando: hay videos de Santiago con la cara colorada mientras decía ‘me están asfixiando'», denunció su hermana, Lucila Adano.
Roberto Torres, abogado de tres de los apresados durante las protestas, aseguró que algunos manifestantes detenidos fueron «humillados» por miembros de la policía de la Ciudad, y que hubo «cacerías con motos» en un proceso lleno de «irregularidades preocupantes».
La jueza interviniente en la causa, María Servini, tiene 24 horas para responder al pedido de excarcelación de la defensa.
Más de 100 personas resultaron heridas durante la represión policial que se desplegó durante el debate en el Senado de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un proyecto insignia del Gobierno que estipula una desregulación profunda de la economía y que incluye un paquete de reformas fiscales.
Durante la movilización, después de que cinco diputados nacionales tuvieron que ser hospitalizados por recibir gases lacrimógenos, un grupo de manifestantes se escindió de la marcha general y provocó destrozos en las inmediaciones del Congreso, con el arrojo de piedras, bombas molotov y el incendio de un automóvil de un medio de comunicación, Cadena 3.
El Ministerio de Seguridad, que dirige la excandidata presidencial Patricia Bullrich, se presentó como querellante en el caso, e insistió en que durante las movilizaciones hubo «grupos terroristas» que intentaron cometer «un golpe de Estado».
Entre las organizaciones que participaron en el pedido de liberación de los 35 detenidos están Amnistía Internacional, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CPDH), y partidos como la alianza opositora Unión por la Patria, además del FIT.
La ley aprobada por el Senado argentino en la noche del miércoles por 36 votos positivos y 36 negativos, con un desempate que resolvió a favor la vicepresidenta y presidenta de la cámara alta, Victoria Villarruel, habilita la privatización de empresas públicas, otorga facultades parlamentarias al presidente, Javier Milei y establece un cuestionado régimen de promoción a las grandes inversiones. (Sputnik)
