Buenos Aires, 12 jun (Sputnik).- El Senado de Argentina comenzó este miércoles el debate de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, uno de los principales proyectos normativos que impulsa el Gobierno para llevar adelante una desregulación profunda de la economía, junto con un paquete de reformas fiscales.
«Inicia la sesión», confirmó la vicepresidenta y la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, al lograr la presencia de al menos los 37 legisladores que se requerían (de 72) para dar comienzo al plenario.
La discusión de la normativa, aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril y que impulsa la coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), se prolongará por unas 18 o 19 horas, de acuerdo con la lista de oradores que pidieron intervenir durante la sesión.
Tras el debate, los senadores se pronunciarán sobre la ley en términos generales, lo que se prevé ocurra en la noche de este miércoles, y después comenzará el votación capítulo por capítulo de la norma.
El Senado puede introducir modificaciones, lo que implicaría que el texto volvería a la Cámara de Diputados, que puede insistir en la redacción original o aceptar los cambios introducidos por la cámara alta.
Si el Senado aprueba modificaciones por mayoría simple (la mitad más uno de los votos), Diputados podrá insistir en la misma mayoría para sostener su versión, pero si los cambios son avalados con dos tercios de los legisladores en la cámara alta, la baja deberá reunir la misma cantidad de adhesiones para insistir en el texto original.
Menos voluminoso que el proyecto de Ley Bases debatido en febrero, cuando fracasó su tratamiento al momento de votar cada capítulo, el nuevo texto incluye 232 artículos.
La iniciativa parlamentaria del presidente, Javier Milei, es un proyecto fundacional para la actual gestión por delegar facultades legislativas en el presidente y habilitar las privatizaciones de empresas públicas.
El texto original también introduce numerosas reformas de calado de carácter regresivo, como una reforma laboral, otra impositiva, y un cuestionado régimen para fomentar las grandes inversiones.
La ley declara la emergencia pública por el plazo de un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, sobre las que el presidente tendría facultades legislativas.
La norma también avanza sobre una reforma del Estado que busca disminuir las dimensiones de la administración pública, de manera que se promueve que determinados sectores sean fusionados, escindidos, disueltos o transferidos a los distritos del país.
Respecto a las privatizaciones, el proyecto actual propone que sean 11 las empresas que podrían pasar a manos privadas, frente a las 40 que proponía el proyecto original.
Cuatro empresas podrían ser privatizadas por completo: Energía Argentina (Enarsa), Intercargo y Radio y Televisión Argentina, y Aerolíneas Argentinas, aunque en las últimas horas se negoció apartar esta última empresa.
También la compañía Nucleoeléctrica, que opera la tres centrales nucleares del país, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que funciona en la provincia patagónica de Santa Cruz (sur), podrán pasar a manos privadas, pero con una mayoría estatal en el accionariado.
Las otras cinco estarían sujetas a una privatización parcial, como Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Argentino, Correderos Viales y las empresas que prestan los servicios de transporte ferroviario, como Belgrano Cargas y Logística, y la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse).
Paquete fiscal
La ley viene acompañada de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que establece una rebaja del impuesto sobre Bienes Personales (a la renta).
En concreto, la actual gestión propone una alícuota de 0,45 por ciento anual para quienes adelanten el pago de este tributo por el período 2023-2027 y estabilidad fiscal hasta 2038, lo que significa que no pagarán más impuestos patrimoniales por ese período.
El oficialismo también espera restituir el impuesto a las ganancias (salarios o ingresos) modificado en el último tramo del Gobierno anterior, de manera que el mínimo no imponible queda en 1,8 millones de pesos para solteros (unos 1.800 dólares) y en 2,2 millones de pesos para las familias con hijos.
El proyecto también incluye un proceso de regularización de capitales no declarados, denominado Régimen de Regularización de Activos, que entraría en vigor desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de ese año.
Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, este capítulo exime de pagar por declarar hasta 100.000 dólares, siempre que no retiren los fondos hasta 2026.
Al estar en minoría parlamentaria, el Gobierno debe negociar con otras fuerzas de la oposición el tratamiento de esta normativa para sortear el rechazo del bloque peronista-kirchnerista, que es la primera fuerza en ambas cámaras del parlamento, con 105 diputados y 33 senadores.
La coalición gobernante tiene apenas 40 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y siete de los 72 asientos del Senado.
En este contexto, el Ejecutivo de Milei lleva adelante un importante plan de ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la inflación, lo que ha llevado a una severa reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos en un contexto de recesión. (Sputnik)
